España aprueba regularización extraordinaria de migrantes y desafía políticas restrictivas en Europa
El Gobierno de España aprobó este martes la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de inmigrantes en situación irregular, una medida que ha generado reacciones encontradas en el ámbito político.
El presidente Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto que inicia este proceso, el cual no requiere aprobación parlamentaria.
En una carta dirigida a la ciudadanía, el mandatario justificó la decisión como un acto de normalización para reconocer la realidad de cientos de miles de personas que ya forman parte de la vida cotidiana del país.
Sánchez sostuvo que la medida busca garantizar que estas personas puedan integrarse en igualdad de condiciones y contribuir al sostenimiento del modelo social y económico.
El jefe del Ejecutivo aseguró además que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Iglesia, sindicatos, empresarios y sectores de la sociedad civil.
Sin embargo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la decisión al considerar que España está trasladando un problema migratorio al resto de Europa y advirtió sobre los riesgos del descontrol migratorio.
Desde la extrema derecha, el partido Vox calificó la medida como parte de políticas equivocadas y aseguró que la revertirá.
La regularización comenzará esta misma semana y se extenderá hasta el 30 de junio, según explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, quien detalló que el proceso incluirá trámites telemáticos y presenciales.
Podrán acogerse a la medida los extranjeros que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten al menos cinco meses de permanencia continua y no tengan antecedentes penales.
El Gobierno defiende que la migración ha sido clave en el crecimiento económico reciente y en la sostenibilidad del sistema de pensiones, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional.
España ya ha implementado procesos similares desde la década de 1980, siendo el más amplio el de 2005, cuando se regularizó a más de medio millón de personas.
Para el Ejecutivo, esta medida representa un paso central en su política migratoria, orientada a integrar a quienes ya residen y trabajan en el país y fortalecer la cohesión social.
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